dilluns, 15 de juny de 2015

Esperando a Godot (II). Por qué hay que ir más allá de 426 euros condicionados

Article publicat a Sin Permiso
Lluís Torrens · · · · ·  
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  No deja de sorprenderme que en el año 2015, después de siete años de profunda crisis, con cinco millones y medio de parados según la estadística oficial, más dos millones y medio de parados adicionales ocultos entre los que han bajado los brazos en su búsqueda de empleo y los que trabajan a tiempo parcial porque no tienen más remedio y los que se han ido fuera del Reino, surja una propuesta tan poco ambiciosa ni movilizadora como dar una renta de 426 euros a todos los parados sin ingresos.
Han pasado 4 años de las movilizaciones del 15-M y mientras la sociedad aplastada por la crisis se ha organizado y ha dado un vuelco espectacular a la situación municipal en el Reino de España (lo nunca visto desde 1931) a los sindicatos mayoritarios y algunos partidos de izquierda se les ocurre que hay que proponer medidas que ellos llaman "realistas", que encajen dentro de lo que el gobierno acepte y, puesto a moderarse, que cuesten poco dinero. La verdad, no veo a millones de personas movilizadas por 426 euros al mes o por un incremento del 1% de los sueldos de los que trabajan.
Para sus promotores podríamos resumir éstas y otras propuestas alineadas en un aparente círculo virtuoso:
a)    Démosles algo a los pobres para que no se mueran de hambre mientras creamos empleo gracias a
b)    subir los sueldos un 1% a los trabajadores fijos (los temporales y autónomos ya se espabilarán con las subcontratas de las empresas que trabajan para las grandes, como desgraciadamente hemos aprendido con Movistar) para que reactiven el consumo de la economía y esta reactivación cree millones de puestos de trabajo que
c)    además repartiremos junto a los existentes trabajando 30 horas semanales pero cobrando lo mismo que a 40 horas porque, claro, todas las empresas se están forrando y pueden incrementar un 33% sus costes laborales sin ningún problema, y por si fuera poco
d)    contrataremos a millones de personas (todas las que quieran trabajar) para que a una media de 6 euros la hora (si lo hiciéramos a un salario digno como pide el consejo de Europa no lo podríamos pagar) puedan hacer todo lo que la sociedad requiere que se haga bueno, bonito y sobre todo barato (limpiar bosques, cuidar ancianos, explicar cuentos a los niños…).
Y todo por el módico precio de 11.000 millones de euros anuales más costes administrativos para la primera medida y de 10.000 millones de euros anuales por millón de empleos  generados para la última medida de la lista (y como no sabemos cuántos millones de empleos se quieren crear, vayan multiplicando hasta acabar con los pobres). De la segunda medida no podemos aventurar el coste, únicamente decir que un 1 % de más sueldo son 5.000 millones de euros más o menos de los cuales unos 1.000 millones se los quedaría el Estado, o sea 4.000 millones de reactivación de los bolsillos de 15 millones de asalariados (unos 20 euros al mes).  De la tercera medida solo cabe pensar en que a nadie le cabe en la cabeza que esto se pague sin compensaciones a las empresas, como así se realizó en Francia con la ley de las 35 horas. Más o menos puede equivaler a 100.000 millones de euros anuales, casi todo lo que recauda la Seguridad Social. Todo combinado, o en parte,  se crea un círculo que más que virtuoso para acabar con la pobreza parece un bucle imposible de financiar que alargará la situación de pobreza durante años. 
No únicamente esto, lo más sorprendente es que medidas como la primera parecen renunciar a todo el acervo de conocimiento desarrollado por décadas de aplicación de las rentas mínimas como son los gravísimos problemas que generan en sus beneficiarios (podríamos más bien llamarles víctimas) de estigmatización (a nadie le gusta declararse ciudadano de tercera categoría), de trampa de la pobreza (deben renunciar a la ayuda si encuentran un trabajo de inferior o similar retribución, lo cual en nuestro actual mercado laboral ya es más que frecuente), de trampa de la precarización (si se renuncia a la ayuda por un trabajo temporal, cuando este se acaba, se pueden tardar meses en recuperar la ayuda, por lo que tampoco interesa aceptar el trabajo, por muy buen ciudadano que uno sea), y lo más grave, la no-cobertura: por la estigmatización, la falta de educación, el desconocimiento, la dificultad de los trámites administrativos, etc. los beneficiarios objetivos de la medida no la solicitan.
Así, un estudio de la EAPN (European Antipoverty Network) recoge en su proyecto EMIN sobre rentas mínimas (donde están representados los sindicatos) que en los países analizados el grado de no-cobertura oscila entre el 20 y el 75%. Dos ejemplos más son paradigmáticos: la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de Gipuzkoa estima que para que su sistema de renta de ingresos alcanzara a todos los que lo necesitan debería crecer un 50% el número de beneficiarios (y esto en el territorio con la segunda mayor renta per cápita del Estado y con el sistema de rentas mínimas más generoso); dos, en Francia están en revisión los sistemas de rentas mínimas activas (RSA y PPE que incluyen incentivos para encontrar trabajo, de similar naturaleza a los que propone Ciudadanos, a los EITC o créditos fiscales que existen en EEUU y en otros países o incluso algún sucedáneo redactado por Podemos) porque se han dado cuenta que el 68% de sus posibles beneficiarios tampoco la solicitaban. Es tan grave el problema que existe en Grenoble un centro de investigación dedicado a lo que en inglés se llama non-takeup y en francés non-Recours, en este centro hablan de las ayudas condicionadas como una carrera de obstáculos que muchos no pueden sortear.  Significativamente en google no hay ni una entrada en español referente a este observatorio, solo una referencia bibliográfica en un documento del SIIS.
Last but not least, hay que recordar que 426 euros de ayuda no sitúan a nadie por encima del umbral del riesgo de la pobreza. Ya puestos se podría haber propuesto alcanzar el umbral situado en los 650 euros mensuales, aunque esto supusiera incrementar el coste a casi 17.000 millones, el 1,6 % del PIB.
En definitiva, mientras esperamos a Godot (que en realidad sí está a la vuelta de la esquina con una propuesta de renta básica en su bolsillo) se nos proponen soluciones que no alcanzan a eliminar la pobreza,  o igual o más costosas que una Renta Básica (a la RB en su versión por unidad familiar le costaría poco más de 20.000 millones de euros, que pagarían los ricos,   eliminar toda la pobreza, y sin descontar los inmensos ahorros en costes sociales -salud, fracaso escolar, seguridad…- derivados de la erradicación de la misma), que generan dinámicas perversas (como el enquistamiento de los pobres en su situación), que no llegan a quien lo necesita ni siquiera en los países que nos llevan décadas o incluso generaciones de ventaja en políticas sociales, y que no tienen ninguna capacidad transformadora. Al contrario, profundizan en un modelo asistencial absolutamente superado en pleno siglo XXI y donde el modelo productivista que da derechos únicamente a través del trabajo remunerado se está agotando.
Qué pena que pudiendo alcanzar el bosque, se nos plante delante un árbol pequeño y enclenque que casi necesita los mismos riegos y abonos que el bosque y solo da un poco de cobijo y menos aún libertad.
Añado una consideración, espero que ni agresiva ni arrogante, que responde a la crítica de que la propuesta de RB en la que yo he participado implica una prohibitiva subida de tipos fiscales efectivos a los asalariados con rentas medias. El 80% de la población sale ganando con la combinación de renta básica y una fiscalidad del IRPF sencilla y transparente que permite calcular los efectos individuales y otro 5% sale perdiendo unas cantidades muy moderadas. Además esta supuesta crítica no tiene en cuenta (y expresamente así lo manifestamos) la increíble estadística que nos muestra el IRPF español en donde un catedrático universitario está en el 5% de los declarantes más ricos, señal del gran fraude existente. Si los ricos pagaran como les toca, el tipo medio bajaría significativamente o se podrían aplicar compensaciones ad-hoc para estas clases medias que ahora están en el top 20 de la pirámide de ingresos.
Además, es una crítica que no tiene en cuenta entre otras el inmenso valor emancipador que tiene una renta básica, la posibilidad de que los jóvenes de se vayan de casa con una asignación de partida para emprender su proyecto vital, o las mujeres dependientes, y que lo puedan hacer en cualquier momento, sin tener que declararse pobres. Cualquier cabeza de familia sería feliz de pagar un poco más a cambio de poder liberar a sus hijos adultos de la obligación de permanecer en el hogar materno o cualquier jubilado de clase media sería feliz de no ver a sus nietos sentados en su mesa cada día porque sus progenitores no tienen recursos para ponerles la mesa en casa.
El mayor valor científico de la propuesta es que permite cuantificar con cierta exactitud el coste de la renta básica (que ni por asomo es el 8 o 9 % del PIB)  y posibilita experimentar diferentes variantes para reducir algunas distorsiones que obviamente un modelo tan general puede provocar en situaciones personales o familiares específicas. Renta básica por unidad familiar, substituir el tipo único por varios tramos crecientes para incentivar el trabajo estacional o a tiempo parcial voluntario, mantener una imposición diferencial de las rentas del capital deslocalizable, substituir parte de la financiación necesaria mediante IRPF con otros ingresos fiscales (ambientales, sobre la riqueza, sobre la renta de las sociedades, e incluso sobre el IVA de manera progresiva) son alternativas factibles, que permiten disipar espero que definitivamente estos recelos. Es más, algunas de estas alternativas, como incrementar la imposición indirecta, sólo tienen sentido y son progresistas en un marco de renta básica que permitan compensar el incremento del coste de la vida derivado.
Y por favor, que no nos acusen de que una renta básica desincentiva encontrar empleo: es un insulto para la mayoría de la población que, sea consecuencia de nuestra moral judeocristiana o no, valora el trabajo como una necesidad de aportación al bien común y realización personal. Lo que permite  la renta básica es poner en valor y legitimar a los (sobre todo "las") que aportan otros tipos de trabajo, no solo los que pasan por una nómina o una factura. Ni siquiera las personas con la vida solucionada a gran escala (millonarios)  son capaces de dejar de trabajar.
Discrepo absolutamente en que un gasto de entre 15.000 y 35.000 millones sea incompatible con un programa de estabilidad presupuestaria. Lo que deberíamos abandonar de una vez por todas es este síndrome de Estocolmo de que nuestra presión fiscal debe estar 8 puntos por debajo de la media europea (y aún más inferior si nos comparamos solo con los países con sistemas de pensiones plenamente públicos). Nadie en la Unión Europea, ni el FMI, ni el BCE ni la OCDE nos exige que estemos en inferioridad de ingresos respecto a nuestros vecinos. Lo que nos exigen es equilibrio presupuestario y nos sugieren vías para hacerlo, sea incrementando los ingresos, sea recortando si somos incapaces de hacer lo primero. Decir que un 1,1 o un 1,5% del PIB sí es asumible como mayor gasto en lugar de un 2% o un 3% es admitir la derrota ante la visión neoliberal y ser un colaborador necesario en el objetivo de convertirnos en una sociedad low-cost.
Para acabar, estos próximos días el nuevo gobierno municipal de Barcelona va a iniciar probablemente un estudio riguroso para evaluar el coste de la implementación de una renta municipal, una de sus propuestas electorales, que complemente los ingresos de las personas pobres de la ciudad hasta alcanzar el umbral de riesgo de pobreza, siguiendo el esquema clásico de una renta mínima condicionada. Y ya el gran problema empieza por saber cuántos pobres en ingresos hay o si tienen medios alternativos de subsistencia (riqueza financiera o inmobiliaria). Me duele la cabeza de pensar el entramado administrativo-burocrático-fiscalizador que van a tener que crear en el ayuntamiento, dedicando recursos humanos ingentes a hacer de policías de la pobreza (a evitar el fraude de los pobres, que es un pobre fraude comparado con el de los ricos), y cuando el personal de servicios sociales debería estar dedicado a ayudar a las personas a salir de la exclusión, a mejorar su empleabilidad o a simplemente hacerles la vida más digna.
Y me duele el alma de pensar en cuántas personas pueden no llegar a ser beneficiarias de este programa o de la estigmatización que sufrirán (directa o indirecta) y sobre todo pensar que con una renta básica todo sería infinitamente más fácil, más digno y creando una sociedad más justa pero también económica y ecológicamente más eficiente y sostenible.
(Una versión más reducida de este artículo ha sido publicada en http://www.espacio-publico.com/)

Lluís Torrens es economista, profesor asociado de la Escuela Superior de Negocios Internacionales-Universitat Pompeu Fabra, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE. Colabora con
iniciatives pel decreixement que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario.


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