dilluns, 28 de novembre del 2016

En defensa de la moneda social barcelonesa

Article publicat a ctxt.es

El dinero de uso local que comenzará a circular en la ciudad a partir de 2017 favorecerá el comercio de proximidad y la economía cooperativa, social y solidaria

Lluís Torrens

<p>Una mujer compra en el mercado de la Boquería, en Barcelona.</p>
Una mujer compra en el mercado de la Boquería, en Barcelona.
Davidlohr Bueso

22 de Noviembre de 2016
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CTXT ha acreditado a cuatro periodistas --Raquel Agüeros, Esteban Ordóñez, Willy Veleta y Rubén Juste-- en los juicios Gürtel y Black. ¿Nos ayudas a financiar este despliegue?

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El pasado 12 de octubre al Ayuntamiento de Barcelona, liderando un consorcio con 6 partners más  (IGOP, UPC, The Young Foundation, IESE y Nova-Innovació Social),  fue galardonado en Bruselas por un proyecto europeo valorado en más de seis millones de euros para los próximos 3 años.  Se trata de una de las dieciocho Urban Innovative Actions concedidas a 18 ciudades europeas por primera vez, entre ellas, 3 españolas más (Bilbao, Madrid y Viladecans).
El proyecto de Barcelona, bajo el nombre de B-Mincome, desarrollará un proyecto de diversas pruebas experimentales para conceder distintos tipos de renta de garantía de ingresos a individuos y familias  por debajo del nivel de pobreza. Los tipos de renta irán desde rentas condicionadas y limitadas hasta rentas incondicionadas y sin límites, replicando las usuales políticas de workfare neoliberales y socialdemócratas (que condicionan el cobro de las ayudas a implicarse activamente en realizar actividades de inserción laboral) o políticas universalistas, similares a una renta básica incondicional.
Además, los diferentes tipos de renta se combinarán con la elección o la obligación por parte de los beneficiarios de realizar diferentes políticas de inclusión social (formación-ocupación, empresa social, acciones para la  comunidad, reforma de la vivienda para permitir alquilar habitaciones, etc..). Además, se testeará el impacto de que parte de los beneficiarios cobren parte de su renta en una moneda social propia de la ciudad.
Actualmente Barcelona no dispone de una moneda social, aunque en unos pocos días la ciudad vecina de Santa Coloma de Gramenet va a lanzar su propia moneda, también en el marco de un proyecto europeo, el Digipay4growth. Y Viladecans, también en su proyecto europeo, prevé la creación de una moneda propia para recompensar los ahorros energéticos de sus ciudadanos.

La existencia de monedas propias coexistiendo con otras de nivel estatal es antigua, y tuvo un primer momento álgido durante la gran depresión de los años 30 en EE.UU. y Europa

Así pues, la nueva moneda de Barcelona, que iniciará su andadura el año que viene y se espera se implante progresivamente en la ciudad a partir de 2019, se inscribe en el amplio movimiento de monedas locales que se están desarrollando en Europa y Latinoamérica sobre todo en los últimos años, aprovechando los nuevos desarrollos tecnológicos.
La existencia de monedas propias coexistiendo con otras de nivel estatal es antigua, y tuvo un primer momento álgido durante la gran depresión de los años 30 en EE.UU. y Europa. Irving Fisher, economista padre de la teoría económica cuantitativa moderna, ya escribió textos sobre cómo monedas locales podrían ayudar a economías locales deprimidas a reactivarse, ante la escasez de dinero de curso legal. Fisher documentó extensamente el impacto de una moneda local en el pueblo de Wörgl en Austria en esa época. La moneda de esa ciudad funcionaba mediante un cartón calendarizado con cupones (stamp script) y un sistema de oxidación (pérdida continua de su valor de cambio) que incentivaba a sus poseedores a gastar el dinero rápidamente. De esa época también surge el sistema más importante existente en la actualidad, el sistema de la banca cooperativa suiza WIR.
Tras la guerra mundial y ya en nuestra época se han desarrollado miles de monedas sociales en todo el mundo, algunas como extensiones de sistemas de trueque multilateral (que permiten intercambiar bienes o servicios entre múltiples individuos o empresas sin necesitar de intercambios bilaterales), bancos del tiempo (como el que explica el economista Paul Krugman sobre las horas de canguro de niños en la cooperativa Capitol Hill en Washington DC) y otras ligadas a comunidades territoriales o incluso bajo el impulso de las autoridades regionales (como el sistema de crédito Sardex en la isla de Cerdeña) o locales.
Las monedas sociales de uso local han tenido un crecimiento importante entre ciudades medianas y grandes  en Europa, siendo las ciudades inglesas (Bristol o el barrio londinense de Brixton) y francesas las más conocidas (como Toulouse o Nantes).  Francia ha desarrollado una legislación específica, y las monedas sociales han despertado el interés de las autoridades monetarias como el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo.  En España ya existen muchas monedas locales, basadas la mayoría en sistemas LETS (lo vemos más adelante).
Por cierto, las monedas sociales no tienen nada que ver con las criptomonedas o monedas virtuales (como el bitcoin), que se basan en criterios especulativos en donde quien emite la moneda se embolsa en moneda legal lo que el mercado (los usuarios de la moneda) están dispuestos a pagar por ello, lo cual depende básicamente de su capacidad para permitir transacciones con muy bajos costes y elevada opacidad (se realizan fuera del mercado financiero tradicional, como los bancos, y escapan a cualquier control fiscal) o para especular con ella (como cualquier otro activo financiero, pero con una volatilidad muy alta: empezó a cotizar en 2009 a unos céntimos de $ por bitcoin, alcanzó casi los 1000 $ hace tres años, cayó hasta 231$ el 2015 y ahora está por encima de los 730$). No obstante, la tecnología que usan (conocida como cadena de bloques o blockchain) despierta un creciente interés entre las entidades financieras por su capacidad de permitir transacciones seguras a bajo coste.
Existen muchos modelos de moneda social, pero las podemos clasificar en dos grandes grupos: las monedas basadas en circuitos cerrados de crédito, y las monedas basadas en un soporte en la moneda de curso legal. Además, como resultado de una evolución histórica, debemos distinguir entre las monedas con soporte en papel (billetes, monedas o cupones) y las monedas más recientes con soporte electrónico o llamadas monedas también digitales.

Las monedas sociales no tienen nada que ver con las criptomonedas o monedas virtuales (como el bitcoin), que se basan en criterios especulativos

Las monedas basadas en circuitos cerrados de crédito tienen a su vez dos grupos de usos: los circuitos empresariales de intercambio de bienes y servicios basados inicialmente en los sistemas de trueque multilateral o barter mencionados anteriormente y los sistemas de intercambio local o Local Exchange Trade System – LETS-  por los que los usuarios se generan un crédito a su favor frente al sistema de intercambio cuando venden bienes o servicios a otros miembros y reducen ese crédito o incluso se genera un saldo negativo cuando compran bienes o servicios. El saldo negativo está topado (nadie se puede endeudar en exceso contra el sistema) y cuando se entra en el sistema se puede obtener una capacidad inicial de endeudamiento (hasta el tope mencionado) para poder empezar a comprar antes de vender.
Tanto en los sistemas empresariales, como en los sistemas orientados más a individuos, como en los sistemas mixtos (como el sistema RES de Bélgica y de Girona que permite a consumidores finales y a empresas comerciar simultáneamente) la suma de los saldos positivos y negativos se compensa (una compraventa genera un saldo positivo y uno negativo) pero hay una capacidad de endeudamiento (suma de todos los posibles saldos negativos) implícita, que sería el equivalente a una creación monetaria similar a la que genera el sistema monetario actual cuando, como ha reconocido el Banco de Inglaterra, los bancos crean dinero de la nada: concediendo un crédito a un cliente y depositándole el valor del crédito en su cuenta bancaria, de manera que el saldo del banco sigue equilibrado).
El sistema Sardex y algunas experiencias de la red de economía solidaria catalana XES (ambos empresariales) y los diversos sistemas CES funcionan así. No obstante, para facilitar la transparencia en los intercambios, la moneda social o el crédito generado en el sistema se denomina en una divisa con equivalencia 1 a 1 al euro o la moneda de curso legal del país de referencia, aunque normalmente no exista un sistema para intercambiar saldos positivos de la moneda local en euros. Por lo tanto el elemento básico para que funcione un sistema cerrado es que existan individuos o empresas dispuestos a aceptar que otros les paguen en moneda local los bienes o servicios que les entregan, con la confianza de que ellos, a su vez, podrán gastarse su saldo comprando a otros miembros, y así sucesivamente.  En tanto estos sistemas sean cerrados, sin intercambios regulados con la moneda legal, están fuera del alcance de la supervisión de las autoridades monetarias, ya que se trata de meros intercambios de crédito comercial, como ocurre corrientemente con las transacciones de bienes y servicios entre empresas. Y obviamente todas las transacciones están sometidas a los impuestos correspondientes (IVA, etc..)
Para incentivar la actividad de estos circuitos los dos instrumentos principales son la ampliación de las capacidades de crédito (saldo negativo máximo) de los miembros (con la confianza de que serán capaces de retornarlo por la vía del suministro de bienes y servicios a otros miembros, o mediante pago en euros procedentes del circuito de pago convencional) y en segundo lugar la implementación de una tasa de oxidación (tasa de interés negativo sobre los saldos positivos que se mantienen en el sistema) que incentiva a gastarse el saldo positivo para no perderlo progresivamente. Obviamente la tasa de oxidación debe ser estimada de manera que no “espante” a los potenciales usuarios del sistema.
Otro elemento importante de estos sistemas para que crezcan en volumen es la profesionalización de la gestión, mediante sistemas informáticos adecuados (el más conocido, el sistema Cyclos de la fundación holandesa Social Trade Organisation --STRO--) y personal que capte usuarios y procure que los poseedores de saldos positivos dispongan de proveedores donde gastárselos cubriendo sus necesidades (llamados brokers).
Las monedas sociales basadas en soporte en el euro u otra moneda de curso legal (como la libra esterlina británica) son las más adecuadas para monedas impulsadas desde los ayuntamientos, por las limitaciones legales a crear endeudamiento y por el principio de precaución al que deben someterse las administraciones locales o regionales. Es el caso de la moneda de Santa Coloma: en su caso el ayuntamiento decide canalizar parte de sus gastos (salarios, compras a proveedores, subvenciones) en moneda local. Para ello deposita una cantidad de euros en una cuenta restringida que sea equivalente a la moneda local que emite y que transfiere a los perceptores de sus fondos (trabajadores municipales, proveedores o entidades subvencionadas) que han aceptado voluntariamente (salarios y pagos a proveedores) u obligadamente (subvenciones) cobrar en moneda social. A su vez el ayuntamiento puede cobrar voluntariamente precios y tasas públicas en moneda social, y los ciudadanos pueden adquirir moneda social previo pago en euros.

Uno de los objetivos es favorecer al comercio de proximidad, la economía cooperativa, social y solidaria, la economía circular y la conocida como kilómetro 0

Con la moneda social en sus manos (o mejor dicho en sus smartphones porque es una moneda digital cuyo saldo se encuentra guardado en el software de los servidores del sistema) los tenedores de saldos positivos (en este sistema nadie tiene saldos negativos) pueden comprar bienes a otros comercios adheridos al sistema. En el caso de Santa Coloma (el más avanzado tecnológicamente hasta hoy) para favorecer la circulación de la moneda en la ciudad se ha fijado un periodo de maduración que fija un número de días mínimos antes de los cuales si se quiere cambiar el saldo de moneda social por euros se debe pagar una penalización (esto no ocurre en Bristol, donde el canje de Bristol Pounds por libras esterlinas se puede hacer inmediatamente).  Como ya hemos mencionado, el intercambio de euros siempre esta garantizado y no existe creación monetaria.
De esta manera el principal objetivo es que la moneda social circule entre los comercios de la ciudad y que los comercios practiquen el comercio entre ellos. El objetivo es que cada euro de gasto público o de los ciudadanos de Santa Coloma multiplique su impacto sobre la economía local, en especial sobre el tejido comercial de proximidad, generando más puestos de trabajo, en una ciudad muy acostumbrada a gastarse sus euros en los centros comerciales próximos pero fuera de su municipio. Técnicamente el objetivo es doble: por un lado incrementar la velocidad de circulación de la moneda, las veces que se usa en transacciones (de un valor de 2 veces al año para un euro en promedio hasta valores superiores a 10 veces en monedas sociales con oxidación, como la de población alemana de Chiemgauer) y cuánto impacta en la economía local (medida por ejemplo con el multiplicador local de tres vueltas LM3, que suma el gasto realizado con la moneda local en la cadena de tres compradores consecutivos).
Existen además modelos mixtos en donde por un lado se canjean euros a cambio de moneda local (ya sea en papel como en Bristol o en saldo electrónico como en Santa Coloma) y a la vez disponen de sistema de crédito para facilitar acceso al crédito de pymes y autónomos y que estos créditos o microcréditos concedidos por la banca pública o el propio sistema se inviertan en el territorio. Los sistemas en papel son más atractivos en imagen (por ejemplo Bristol emite billetes con diseños de artistas locales) pero los sistemas digitales permiten implementar fácilmente políticas de marketing o de gestión imposibles de hacer en papel. Por ejemplo penalizar con tasas de oxidación la no circulación, o penalizar los canjes por euros, o , a la inversa, bonificar compras en comercios de determinadas zonas, tipos de comercio o momentos del tiempo, a elección de la entidad que gestione la moneda. La entidad gestora puede ser una entidad creada ad-hoc o se puede delegar en una entidad financiera, habitualmente de la banca cooperativa o pública.
¿Cuáles son los objetivos de Barcelona y qué tipo de moneda debería escoger? Aún se dispone de medio año para decidir el tipo de moneda que se va a implementar en el piloto del proyecto europeo. Las posibilidades son múltiples, pero parece claro que uno de los objetivos es favorecer al comercio de proximidad, en especial todo el que impulse el pequeño comercio de proximidad,  la economía cooperativa, social y solidaria, la economía circular y la conocida como kilómetro 0.  Además, el pago de las ayudas monetarias en moneda social permitirá hacer un experimento muy innovador de canalización de gasto público social y analizar su impacto en el bienestar de sus perceptores. La moneda social de Barcelona puede tener múltiples aplicaciones en el fomento del cambio de modelo productivo de la ciudad, hacia un sistema socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, mediante aplicaciones sectoriales a cuestiones energéticas, de gestión de residuos, del uso de capacidades ociosas o de fomento de la cultura, entre otras, alineando con todos los actores del ecosistema urbano.
Para ello se contará con el conocimiento experto de los diversos think tanksdel proyecto, de la comunidad de expertos del Instituto de la Moneda Social y de la propia ciudadanía y del tejido comercial y productivo local, que modulará el proyecto para maximizar el bienestar colectivo y del tejido comercial y productivo local, con el objetivo de modular el proyecto y su gestión futura para maximizar el bienestar colectivo.
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Lluís Torrens. Director de Planificación e Innovación. Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

diumenge, 20 de novembre del 2016

Presentació a les Jornades Ecosocialistes: Treball, Salaris i Rendes















Jornades ecosocialistes, un debat de les idees en profunditat o una altra cosa?




Han estat unes jornades molt atapeïdes: 8 hores, 5 taules i 25 ponents. Les jornades havien de ser l’eina  que ens permetés el debat  en profunditat de les propostes de futur necessàries  per  donar una resposta als problemes de la desigualtat , l’atur, la precarietat, el canvi climàtic i la degradació mediambiental ,un estat del benestar amenaçat i els conflictes mundials, però un cop més hem vist com les urgències i les  circumstàncies externes, en aquest cas la necessitat de marcar perfil davant la pròxima confluència cap a un nou subjecte polític, han aigualit el debat de idees en profunditat que la majoria de militants fa temps que esperem i reclamem. Les jornades han tingut un marcat  accent  tàctic que ha relegat a un  segon terme l’accent  més estratègic . Hem sentit més  eslògans  que no pas  concreció en propostes aplicables. La manca de temps i la tria dels ponents ha limitat el necessari contrast d’ idees  i  el no menys necessari  debat  entre el públic. Si l’objectiu era revisar i actualitzar les propostes programàtiques ecosocialistes del segle XXI com es va acordar a la darrera assemblea, creiem que no s’ha assolit i que cal completar aquest compromís que vam assumir col·lectivament.  
Les jornades han  servit per conèixer, de la mà de les regidores,  les noves polítiques que s’estan duent a Barcelona i per demostrar el protagonisme que les ciutats poden exercir en la implantació de canvis substancials en les polítiques sectorials.  També han  servit per conèixer  que ICV defensa més Europa i més democràcia  en les seves institucions com l’únic camí per capgirar les polítiques neoliberals.
Hem  sentit de nou que “el Green New Deal” i “l’economia circular” han de ser el vehicle cap a la transició econòmica i energètica, però sense passar del nivell de l’eslògan: cap xifra, cap previsió, cap estimació al darrera dels enunciats.  També hem sentit que l’energia ha de ser la  palanca del canvi per passar del capitalisme extractiu que concentra el poder en poques mans,  cap a un model d’economia participativa i redistributiva, mitjançant  la re-apropiació de la producció energètica vinculada a l’autoconsum i les renovables.
Però les jornades no han servit per donar resposta als mateixos enunciats del programa: Com assegurar uns ingressos dignes, Com respondre a l’atur estructural? Podem seguir creixent? Quins són els límits al nostre model econòmic?. S’ha parlat de la diagnosi, de les causes i conseqüències de la crisi,   però poc de les solucions que es puguin traduir en propostes programàtiques convincents.
I per acabar, les jornades no han servit  per abordar el conflicte entre les dues  visions difícils de reconciliar que en aquest moment tenim en el si del partit: la d’una esquerra més tradicional, més lligada al món del treball, i la d’una esquerra que nosaltres en diem “ecosocialista del segle XXI”, amb una visió més  enfocada  als reptes globals i de futur que ens obliguen a plantejar alternatives radicals en l’organització social per poder superar amb èxit les multicrisis ambiental, climàtica, econòmica  i  social.  Segons la nostra visió,  aquesta esquerra tradicional està més enfocada en la defensa dels drets de les persones treballadores que no pas en la cerca de solucions més globals davant de l’atur estructural, la deslocalització i la precarització accentuades  pels efectes de la globalització, o l’amenaça real de la substitució del treball humà per la tecnologia i, per tant, no aporta cap novetat en el camp de les propostes programàtiques. Ni tan sols les idees sobre  el repartiment del treball, que han anat guanyant interès entre una part de l’esquerra,  han estat assumides com un eix de debat entre els seus seguidors.  I el debat tranquil i rigorós sobre la renda bàsica i la renda garantida és un dels altres temes que  encara està pendent d’abordar.   
ICV té la necessitat de poder reconciliar aquests dues visions si vol liderar amb èxit la nova confluència i aquesta és encara una assignatura pendent de resoldre després de les jornades.
Per això, creiem que no serem un instrument útil per combatre la desigualtat i la barbàrie si no som capaços d’oferir a la societat respostes concretes a les preguntes que es plantejaven. La nostra millor contribució a la creació del nou subjecte polític ha de passar necessàriament per la construcció d’una nova identitat on l’ecosocialisme tingui centralitat. Emplacem a ICV a no fer un punt i part amb aquestes jornades sinó a fer un punt i seguit i a crear un grup de treball amb persones expertes, d’ICV i altres espais, per proposar respostes concretes a aquestes preguntes a partir d’allò que s’ha exposat a les jornades però, sobretot, a partir d’allò que no s’ha exposat i no s’ha debatut. Proposem que, aquest grup de treball, elabori un document d’identitat, de relat i de propostes per un ecosocialisme del segle XXI que permeti continuar el debat que creiem que, en aquestes jornades, ha quedat pendent.

dilluns, 7 de novembre del 2016

La garantía del tiempo libre: desempleo, robotización y reducción de la jornada laboral (parte 1)

Article publicat a Sin permiso
Lluís Torrens 
Eduardo González de Molina Soler
06/11/2016





Afirmaba Napoleón Bonaparte que «el trabajo es la guadaña del tiempo», que sega nuestra vida y reduce el tiempo de disfrute de nuestra propia existencia en la Tierra. Todos los literatos, poetas y filósofos que han entendido que morimos en cada instante, que nuestro tiempo de vida es una fuente limitada que nunca volverá, nos recuerdan que «el tiempo no es oro, el tiempo es vida». ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?  Esa sigue siendo la cuestión central.
No obstante, en tanto el trabajo siga siendo una necesidad vital para la reproducción de la sociedad, seguirá siendo central en nuestra vida: seguirá determinando el modo por el cual nos insertamos en la sociedad, nos ubicamos en el espacio social, nos posicionamos al interior de una trayectoria de vida donde el trabajo recorre transversalmente todas sus fases: nos educamos para trabajar, trabajamos para vivir y nos jubilamos en condiciones proporcionales al conjunto del trabajo cotizado realizado. También nos dota de un recorrido laboral que nos provee de un marco de relaciones sociales entorno a un estatus social dado. El trabajo además es fuente de parte de nuestra identidad, construye parte de nuestra subjetividad, es el escenario donde desarrollamos nuestra individualidad y nos sirve como horizonte de realización personal. Nos proyecta hacia el futuro, nos construye un proyecto de vida. El trabajo ordena y disciplina a la vez que nos satisface y nos reconoce.
Podemos observar la naturaleza contradictoria del trabajo: a la vez carga y a la vez alivia, a la vez es un derecho y a la vez es un deber, a la vez nos desarrolla y a la vez nos sujeta. Estas reflexiones han atravesado toda la filosofía occidental y desde la gran democracia ática conocemos la relación fundamental entre libertad y trabajo: recuérdese la distinción clásica entre el ocio —tiempo libre— y el negocio —la negación del ocio: trabajar—; por eso, el hombre ocioso, era considerado libre y virtuoso frente al trabajador asalariado, considerado no-libre y vicioso. Por ello, Karl Marx y Friedrich Engels situaron el punto fundamental del proyecto emancipador ilustrado del socialismo en el salto «desde el reino de la necesidad al reino de la libertad», entendiendo el reino de la necesidad como aquel estado donde el trabajo es impuesto por la necesidad y la coacción de los fines externos, mientras que el reino de la libertad
sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero, con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad (...) [entonces] el verdadero reino de la libertad (...) sólo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo. (Marx, El Capital Tomo III; NdA: subrayado nuestro).
La garantía del tiempo libre pasa, en las condiciones actuales, por aumentar el tiempo de ocio; y la condición básica de posibilidad para ello es la reducción de la jornada laboral. A esa medida vamos a dedicar el resto del artículo, aterrizando la propuesta de la reducción de la jornada laboral en el contexto español y tomando en consideración dos fenómenos fundamentales: el desempleo crónico español y la 4ª Revolución Industrial que pueden convertir a la reducción de la jornada laboral, no solo en una cuestión normativa —es decir, idealmente deseable—, sino también en una cuestión imperativa —como necesidad ante las nuevas y futuras condiciones de empleo—.
El desempleo crónico español
Los análisis sobre el desempleo estructural y crónico español son abundantes. La atención mediática y política puesta en ello es abrumadora —y lógica por la magnitud real del problema y la preocupación ciudadana—. Recientemente hemos visto cómo la tasa de paro ha disminuido por debajo del 20% después de 6 años. Según el último dato disponible de paro (T3/2016) hay 4.320.800 de parados: el 18,91%, además, técnicamente desde 2014 estamos ya en un ciclo de bonanza económica (3,2% de crecimiento PIB en 2016). Estos datos parecen avalar el relato mainstream de los medios de persuasión conservadores y de la propaganda del Gobierno: «España va bien» ¿Asunto zanjado entonces?
No obstante, la situación del empleo en España presenta muchas más aristas: en primer lugar, la profundización de la dualidad del mercado laboral, donde la brecha entre indefinidos y temporales se ensancha cada vez más (9 de cada 10 contratos nuevos son temporales) convirtiéndonos en el país de la Eurozona con mayor tasa de temporalidad, un 27%.
En segundo lugar, la contrarreforma laboral y la política de devaluación salarial ha provocado el auge del fenómeno de los trabajadores pobres, llegando hasta el 14,8% en 2015 ¿Qué significa este fenómeno? En Román paladino: tener empleo ya no es una garantía del bienestar y no salva de la pobreza. Además esta política ha devaluado los salarios reales en un 5,8% y ha reducido los costes laborales unitarios (CLU) en términos  reales un 15,4% entre 2009 y 2013. A nivel de salarios, el 10% de los trabajadores cobran el SMI (655,20€) y 1 de cada 3 trabajadores vive con un sueldo por debajo de los 972 euros, el 60% del salario medio.
En tercer lugar, el empleo creado está principalmente en el sector servicios —turismo fundamentalmente— y por tanto, se profundiza el modelo productivo español de bajo valor añadido y fuertemente procíclico. Vista la escasa y decreciente inversión en I+D+i (1,24% del PIB el 2015 frente al 2,01 % de la UE) y la reducción de esa inversión en 2.845 M€ en seis años parece que no hay voluntad política de cambiarlo.
En cuarto lugar, los efectos sociales de esta situación de empleo se hacen notar en los hogares y sus condiciones de vida: todavía 1.438.300 de hogares tienen a todos los miembros en paro, la tasa de paro juvenil sigue siendo alarmante: alcanza el 46,48% y sigue habiendo 2.154.100 de parados de larga duración.
Por último, es preocupante la polarización en la cualificación de los trabajadores, tenemos a un sector manifiestamente subcualificado y otro claramente sobrecualificado, en conjunto hay un 33% de trabajadores que cuya formación no casa con las necesidades del mercado.
La precariedad, la pobreza laboral y la desigualdad salarial son los tres conceptos centrales que permiten caracterizar la actual situación del empleo en el Reino de España. Además de este resumen a vuela pluma, nos queremos centrar en dos datos que nos permiten ver, no solo la situación coyuntural del empleo en España, sino también la crónica y estructural problemática del desempleo.
Si estudiamos la evolución del paro en el Reino de España desde 1978, podremos observar que en 26 de 38 años —más de dos tercios de un período equivalente al de la dictadura franquista—, el paro ha superado el 15%, tanto en momentos de bonanza económica como de crisis, con un rango que va desde el máximo histórico (27,2% en 2012) y el mínimo (7% en 1978) y con un promedio de 15,17%. Este simple dato nos permite capturar la magnitud y la profundidad del desempleo crónico y estructural del modelo productivo español, que inclusive en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, el paro no descendió del 7,9% (2007) pese al potente crecimiento económico experimentado la década anterior (1997-2007) del orden de 4,28% de crecimiento promedio interanual.
El segundo dato importante a destacar, es que la medición estándar y oficial de paro —establecida bajo los criterios de la OIT— es manifiestamente insuficiente: por un lado no considera a las personas desanimadas como parados, tampoco cuentan los que no buscan empleo, pero desean trabajar y por otro lado no cuenta «el paro a tiempo parcial o subempleo». Estas críticas sí son consideradas en la estadística oficial de EEUU, el Bureau of Labor Statistics mide 6 tipos distintos de paro, siendo para nuestros intereses los 4 últimos los que reflejan esta crítica. De ese modo podemos tener una tasa de paro (U3) que cuenta a los desanimados (U4), a los que no buscan pero desean trabajar (U5) y a los trabajadores involuntarios de jornada parcial (U6). Quedaría por contar el empleo de la economía sumergida, que reduciría la tasa de paro y a la inversa, los trabajadores autónomos que en realidad quisieran trabajar por cuenta ajena: 7 de cada 10 según un estudio, y los activos salidos del país —inmigrantes retornados o nuevos emigrantes—, que aumentarían nuevamente el paro.
Si tomamos esta forma de  medir el paro con los últimos datos disponibles (T3/2016) podemos observar como la tasa de paro total (U6) está en un 29%, 10 puntos porcentuales más que la actual tasa de paro (18,9%).

Fuente: Florentino Felgueroso a partir de microdatos EPA (2016)
Si tomamos estos datos en la perspectiva de las 4 últimas décadas de democracia, podemos afirmar que, en caso de mantener el deseo socialdemócrata-keynesiano del pleno empleo como objetivo de política económica, en las condiciones actuales de España, además de realizar un necesario cambio en la matriz productiva, es imprescindible el reparto del trabajo remunerado.  O lo que es lo mismo, la reducción de la jornada laboral. Pero es que además se nos aparece un fenómeno en auge: la revolución digital, la robotización y la automatización creciente de los empleos ¿Qué efectos tendrá esto sobre el empleo en España?
La 4ª Revolución Industrial: los efectos esperados de la robotización
En febrero de 2016 la multinacional taiwanesa Foxconn —el mayor fabricante de móviles del mundo, ensamblando para Apple, Samsung, Acer, etc.— anunció que sustituirá al 55% de su plantilla (60.000 empleados) por robots. Según el Bank of America Merrill Lynch (2015) el valor global del mercado de la robótica ascenderá de los 32.000M€ actuales a unos 142.000M€ en 2020. Coches sin conductor, máquinas que ganan campeonatos mundiales de ajedrez y Go, big data, Internet de las cosas, Inteligencia artificial, Impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, digitalización… Al parecer la innovación característica de esta nueva revolución técnica es la Inteligencia artificial, la digitalización, la machine learning y los sensores avanzados (Velázquez y Nof, 2009). Según el Foro Económico Mundial (2016), en su informe The Future of Jobs: «La 4ª Revolución Industrial ya está aquí y, como no espabilemos, su impacto social va a ser mayor que el de todas las anteriores». Y le ponen cifras: a nivel global se destruirán 5,1 millones de puestos de trabajo netos entre 2015 y 2020.
Las visiones futuristas de una sociedad sin trabajo a causa de la robotización del empleo se han vuelto a instalar en el imaginario de muchos —el 52,1% de españoles cree que serán sustituidos por robots— y su repercusión mediática es cada vez mayor. Sin embargo, como todo análisis de prospectiva —es decir, de futurología—, corre muchos riesgos: el futuro es por definición incognoscible y cualquier instrumento de predicción es también por definición simplificador de una realidad compleja e inconmensurable. No por ello es inútil realizar estas predicciones, y de la rigurosidad y honestidad con la que se lleven a cabo estos análisis dependerá la robustez de los resultados en su objetivo fundamental: captar las tendencias futuras. Existen tres grandes corrientes para explicar los efectos de la automatización en el empleo, los tecno-optimistas, los del fin del trabajo y los indecisos. Veamos cómo está el estado del arte:
Los tecno-optimistas comienzan afirmando que el resultado neto entre destrucción de empleo y creación de nuevos empleos de las tres revoluciones industriales pasadas es que al tiempo que creció la productividad creció el empleo (Autor, 2015) ¿Por qué? Si el progreso técnico se traduce en ganancias de productividad, esta es fuente de crecimiento económico dado que libera poder de compra que permite que suba la demanda, y como se sabe, el aumento de la demanda produce oportunidades de empleo. Aunque siempre en los procesos de innovación tecnológica hay «destrucción creativa», se ha demostrado que si unos sectores destruyen empleo y aumentan productividad, otros sectores reciben demanda y aumentan el empleo (Katz y Margo, 2013), aunque, no hay que olvidar que siempre hay un «desplazamiento», donde los empleos creados son muy diferentes a los que desaparecen, y son por lo general más cualificados.
Además, sin estar dentro de los tecno-optimistas, algunos economistas heterodoxos critican también a las otras corrientes que creen que esta vez tendremos una pérdida de empleos neto, desde el marxismo Husson (2016), nos habla del «gran bluff de la robotización», criticando los discursos proféticos de algunos autores, que no hacen más que revivir el viejo canto ludita. Desde los postkeynesianos, Mitchell (2016) crítica también la perspectiva pesimista y consideran que, incluso si esta vez es distinto, el desempleo tecnológico no es una fatalidad en la medida que depende de las políticas públicas, dado que un Estado con un manejo científico de la política monetaria y unas políticas de empleo garantizado podrá conseguir el pleno empleo allí donde se lo proponga —aunque sus ejemplos siempre se refieren a países con niveles de paro mucho menores que el nuestro— . Por último, desde una parte de la economía ecológica, Van den Bergh et al. (2013) remarcan el inseparable vínculo entre el consumo energético y el crecimiento económico, habitualmente olvidado por la economía ortodoxa. Así, el proceso de robotización conllevará un incremento en la demanda energética —es decir, la demanda de combustibles fósiles— y habida cuenta del previsible aumento del coste de la energía, por el agotamiento de la energía barata, podría ocurrir que el trabajo robotizado no fuese rentable.
Desde las filas del fin del trabajo nos aseguran que esta vez es distinto, según la consultora Boston Consulting Group (2015) en The robotics revolution aseguran que «la revolución robótica está lista para llegar». Por primera vez, el retorno de la inversión en robotización será atractivo a gran escala. Se pasará de un 3% de crecimiento anual de la robotización a un 10% durante la próxima década. En algunas industrias llegarán hasta un 40% de robotización.  Se ganará en productividad de manera impresionante y el concepto de competitividad cambiará. ¿Por qué existiendo ya la tecnología no se ha difundido ampliamente? Por pura razón económica: todavía los costes son más altos que los beneficios. Algo que va a cambiar ya: se estima que en EEUU, si ya en la industria automotriz, la automatización es una realidad, donde el salario/hora humano es 24$/h —salario y coste de operación ajustado por precio y rendimiento—, mientras que el de los robots es de 8$/h. En los equipamientos eléctricos para 2018 el ratio $/h será favorable para los robots y en mercado mobiliario se espera para 2023.
También nos encontramos dos de las obras más mediáticas que encabezan esta perspectiva: El fin del trabajo de Jeremy Rifkin (1995) y El auge de los robots de Martin Ford (2016), ambos trabajos dan cifras escalofriantes: están en riesgo 90 de 124 millones de empleos a escala global, el desempleo tecnológico en los países industrializados podría llegar hasta el 75%.  Formarse ya no proporcionará una ventaja competitiva en el mercado laboral dado que la inteligencia artificial reemplazará empleos cualificados, como el robot médico Watson de IBM o el robot financiero Indexa capital. Por el lado más académico, un paper con una repercusión académica y también mediática muy elevada fue The future of employment de Frey y Osborne (2013) que predijeron para EEUU que existe un 47% de empleos en alto riesgo de automatización en las próximas dos décadas. Los empleos más afectados son en transporte y logística, los trabajos administrativos y el sector servicios. Siguiendo la misma metodología que Frey y Osborne, Bowles (2014) en Bruegel estima que a nivel de la UE el riesgo de automatización es aún mayor: el 54% de los empleos, siendo el Reino de España uno de los que más riesgo tiene: el 55,3%. Por su parte, la consultora McKinsey & Company (2013) estima que a nivel global se podría automatizarse hasta el 45% de las tareas.
Los indecisos no asumen ni que esta vez será exactamente como las anteriores revoluciones industriales, dado que esa evidencia histórica es solo una «simple constatación, no una ley de la economía que vaya a aplicarse en cualquier circunstancia», ni que estemos ante el fin del trabajo, criticando a estos autores por cuestiones metodológicas, por ejemplo, se le cuestiona a Frey y Osborne que en lugar de usar las tareas automatizables usaron las ocupaciones, sin tener en cuenta que una ocupación tiene varias tareas, unas más automatizables que otras, dando lugar a que las ocupaciones de los trabajadores más cualificados, pese que algunas tareas sean automatizables, sean muy difíciles de automatizar en su conjunto. Opinan  que, habiendo incertidumbre, hay tendencias observadas que muestran que esta vez se podría producir un gap neto —por lo menos a corto y medio plazo— entre el empleo nuevo creado y el empleo destruido, destruyendo más empleo rutinario y creando menos empleo no-rutinario ¿El resultado? el incremento de la desigualdad. Algo observado empíricamente por Eden y Gaggl (2016) en On the welfare implications of automation:

Fuente: CPS MARCH/ORG (1968/79-2013) & author’s computation
En su estudio se puede observar una tendencia de las 4 últimas décadas en EEUU de disminución de la participación relativa de los ingresos procedentes del trabajo rutinario en el total del PIB a la vez que hay un incremento de la participación de los ingresos del trabajo no-rutinario en el PIB. No obstante, este proceso no ha sido equilibrado, produciéndose un efecto neto de -7% de la aportación del trabajo al PIB, lo que a su vez resulta en un incremento de la desigualdad. Las tendencias futuras parecen que van a reforzar este proceso.
Otros estudios, como el de Brynjolfsson y McAfee (2012; 2014; 2015), nos hablan de una «segunda edad de la máquina», y creen que habrá un impacto sustantivo en las economías. Basándose en la teoría del «skill-biased technical change» (STBC) afirman que habrá ganadores y perdedores porque la innovación técnica ha producido que la demanda de trabajo sobre los trabajadores poco cualificados haya disminuido mientras que aumentó la demanda de trabajadores con alta cualificación. Por su parte, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2016) concluye que si bien la digitalización producirá ganancias de productividad, no se conoce con precisión la repercusión sobre los niveles de empleo, aunque está claro que la tendencia futura será negativa para el mercado laboral y la organización del trabajo. En el contexto español, la consultora Adecco (2016) a través de una encuesta a expertos en RRHH afirma que en el futuro el impacto con mayor influencia en el Reino de España serán los «avances tecnológicos» con 4,8 sobre 5 de promedio, y de esos avances tecnológicos, la «robotización del trabajo» tendrá un impacto sustantivo (3,85 sobre 5 de promedio).
Para terminar, otro informe reciente y que intenta suplir algunas deficiencias de los anteriores: The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries de Arntz, Gregory y Zierahn (2016), utiliza una metodología donde tiene en cuenta la heterogeneidad de las tareas dentro de los trabajos y llega a las siguiente conclusión: de forma moderada si habrá destrucción de empleo neto —no en la escala esperada por los más alarmistas—, aunque de forma desigual según cualificación. Estos dos últimos resultados se cifran: del conjunto de la OCDE, el promedio es que el 9% de los empleos están en alto riesgo de automatización. Para el caso español es más alarmante: estamos junto con Austria y Alemania a la cabeza con un 12%. Y respecto al riesgo de robotización según nivel de educación del trabajador, el siguiente gráfico habla por sí solo:

En definitiva, incluso tomando el dato más prudente, si el 12% de ocupaciones son automatizables en el Reino de España, afectando con más intensidad a los menos formados —agravando la ya grave problemática del atraso crónico educativo y de las elevadas tasas de abandono escolar—, se produciría una profundización del patrón de dualidad, polarización y desempleo crónico  y estructural del mercado de trabajo español.
Entonces, una reducción generalizada de la jornada laboral para su reparto se presenta como una condición necesaria a la par que deseable, si se quiere disminuir el paro en el Reino de España. Hasta hace poco no parecía que se fuera a cumplir aquella famosa predicción de Lord Keynes (1930) de que en 2030, a causa del desarrollo tecnológico, trabajaríamos 15 horas a la semana ¿O sí?  Con los datos de la contabilidad nacional si dividimos el total de horas trabajadas en el Reino de España el 2015 por la población entre 16 y 64 años, el promedio es de 19,96 horas semanales cuando fueron 22,51 el 2008. A este ritmo llegamos a las 15 el 2030… ¿El problema? Estas horas están desigualmente repartidas, mientras unos trabajan remuneradamente 0 horas, otros pueden llegar hasta las 12 horas diarias.
Dejamos para una segunda parte las potencialidades y posibilidades de la reducción de jornada laboral[1].


[1] En un próximo artículo (parte 2) terminaremos analizando la propuesta de la reducción de jornada laboral en el caso español y relatando cuáles son las tendencias de futuro que nos esperan.



es economista. Director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra. Colabora con Iniciatives pel Decreixement, que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario. Es miembro de la Red Renta Básica.



es sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está cursando un Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University y es becario en prácticas en la Dirección de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.