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dijous, 8 de desembre del 2016

Recomendaciones del Parlamento Europeo de normas civiles sobre robótica

Punto nº 23 del  borrador del informe del parlamento europeo Con recomendaciones para la comisión de normas civiles sobre robótica Comité de asuntos legales Ponente: Mady Delvaux


DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) Committee on Legal Affairs Rapporteur: Mady Delvaux 

Traducción de la recomenación nº 23:

Bearing in mind the effects that the development and deployment of robotics and AI might have on employment and, consequently, on the viability of the social security systems of the Member States, consideration should be given to the possible need to introduce corporate reporting requirements on the extent and proportion of the contribution of robotics and AI to the economic results of a company for the purpose of taxation and social security contributions; takes the view that in the light of the possible effects on the labour market of robotics and AI a general basic income should be seriously considered, and invites all Member States to do so; 

Teniendo en cuenta los efectos que podría tener el desarrollo y el despliegue de la robótica y la Inteligencia artificial en el empleo y, por consiguiente, en la viabilidad de los sistemas de seguridad social de los Estados Miembros, debería tenerse en cuenta la posible necesidad de introducir requisitos en la contribución de la robótica y de la Inteligencia Artificial sobre los resultados económicos de una empresa a efectos de impuestos y cotizaciones  sociales; Habida cuenta de los posibles efectos sobre el mercado de trabajo de la robótica y la Inteligencia Artificial, debería considerarse seriamente la opción de una renta básica general y se invita a todos los Estados miembros a tenerlo en cuenta;

dilluns, 7 de novembre del 2016

La garantía del tiempo libre: desempleo, robotización y reducción de la jornada laboral (parte 1)

Article publicat a Sin permiso
Lluís Torrens 
Eduardo González de Molina Soler
06/11/2016





Afirmaba Napoleón Bonaparte que «el trabajo es la guadaña del tiempo», que sega nuestra vida y reduce el tiempo de disfrute de nuestra propia existencia en la Tierra. Todos los literatos, poetas y filósofos que han entendido que morimos en cada instante, que nuestro tiempo de vida es una fuente limitada que nunca volverá, nos recuerdan que «el tiempo no es oro, el tiempo es vida». ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?  Esa sigue siendo la cuestión central.
No obstante, en tanto el trabajo siga siendo una necesidad vital para la reproducción de la sociedad, seguirá siendo central en nuestra vida: seguirá determinando el modo por el cual nos insertamos en la sociedad, nos ubicamos en el espacio social, nos posicionamos al interior de una trayectoria de vida donde el trabajo recorre transversalmente todas sus fases: nos educamos para trabajar, trabajamos para vivir y nos jubilamos en condiciones proporcionales al conjunto del trabajo cotizado realizado. También nos dota de un recorrido laboral que nos provee de un marco de relaciones sociales entorno a un estatus social dado. El trabajo además es fuente de parte de nuestra identidad, construye parte de nuestra subjetividad, es el escenario donde desarrollamos nuestra individualidad y nos sirve como horizonte de realización personal. Nos proyecta hacia el futuro, nos construye un proyecto de vida. El trabajo ordena y disciplina a la vez que nos satisface y nos reconoce.
Podemos observar la naturaleza contradictoria del trabajo: a la vez carga y a la vez alivia, a la vez es un derecho y a la vez es un deber, a la vez nos desarrolla y a la vez nos sujeta. Estas reflexiones han atravesado toda la filosofía occidental y desde la gran democracia ática conocemos la relación fundamental entre libertad y trabajo: recuérdese la distinción clásica entre el ocio —tiempo libre— y el negocio —la negación del ocio: trabajar—; por eso, el hombre ocioso, era considerado libre y virtuoso frente al trabajador asalariado, considerado no-libre y vicioso. Por ello, Karl Marx y Friedrich Engels situaron el punto fundamental del proyecto emancipador ilustrado del socialismo en el salto «desde el reino de la necesidad al reino de la libertad», entendiendo el reino de la necesidad como aquel estado donde el trabajo es impuesto por la necesidad y la coacción de los fines externos, mientras que el reino de la libertad
sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero, con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad (...) [entonces] el verdadero reino de la libertad (...) sólo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo. (Marx, El Capital Tomo III; NdA: subrayado nuestro).
La garantía del tiempo libre pasa, en las condiciones actuales, por aumentar el tiempo de ocio; y la condición básica de posibilidad para ello es la reducción de la jornada laboral. A esa medida vamos a dedicar el resto del artículo, aterrizando la propuesta de la reducción de la jornada laboral en el contexto español y tomando en consideración dos fenómenos fundamentales: el desempleo crónico español y la 4ª Revolución Industrial que pueden convertir a la reducción de la jornada laboral, no solo en una cuestión normativa —es decir, idealmente deseable—, sino también en una cuestión imperativa —como necesidad ante las nuevas y futuras condiciones de empleo—.
El desempleo crónico español
Los análisis sobre el desempleo estructural y crónico español son abundantes. La atención mediática y política puesta en ello es abrumadora —y lógica por la magnitud real del problema y la preocupación ciudadana—. Recientemente hemos visto cómo la tasa de paro ha disminuido por debajo del 20% después de 6 años. Según el último dato disponible de paro (T3/2016) hay 4.320.800 de parados: el 18,91%, además, técnicamente desde 2014 estamos ya en un ciclo de bonanza económica (3,2% de crecimiento PIB en 2016). Estos datos parecen avalar el relato mainstream de los medios de persuasión conservadores y de la propaganda del Gobierno: «España va bien» ¿Asunto zanjado entonces?
No obstante, la situación del empleo en España presenta muchas más aristas: en primer lugar, la profundización de la dualidad del mercado laboral, donde la brecha entre indefinidos y temporales se ensancha cada vez más (9 de cada 10 contratos nuevos son temporales) convirtiéndonos en el país de la Eurozona con mayor tasa de temporalidad, un 27%.
En segundo lugar, la contrarreforma laboral y la política de devaluación salarial ha provocado el auge del fenómeno de los trabajadores pobres, llegando hasta el 14,8% en 2015 ¿Qué significa este fenómeno? En Román paladino: tener empleo ya no es una garantía del bienestar y no salva de la pobreza. Además esta política ha devaluado los salarios reales en un 5,8% y ha reducido los costes laborales unitarios (CLU) en términos  reales un 15,4% entre 2009 y 2013. A nivel de salarios, el 10% de los trabajadores cobran el SMI (655,20€) y 1 de cada 3 trabajadores vive con un sueldo por debajo de los 972 euros, el 60% del salario medio.
En tercer lugar, el empleo creado está principalmente en el sector servicios —turismo fundamentalmente— y por tanto, se profundiza el modelo productivo español de bajo valor añadido y fuertemente procíclico. Vista la escasa y decreciente inversión en I+D+i (1,24% del PIB el 2015 frente al 2,01 % de la UE) y la reducción de esa inversión en 2.845 M€ en seis años parece que no hay voluntad política de cambiarlo.
En cuarto lugar, los efectos sociales de esta situación de empleo se hacen notar en los hogares y sus condiciones de vida: todavía 1.438.300 de hogares tienen a todos los miembros en paro, la tasa de paro juvenil sigue siendo alarmante: alcanza el 46,48% y sigue habiendo 2.154.100 de parados de larga duración.
Por último, es preocupante la polarización en la cualificación de los trabajadores, tenemos a un sector manifiestamente subcualificado y otro claramente sobrecualificado, en conjunto hay un 33% de trabajadores que cuya formación no casa con las necesidades del mercado.
La precariedad, la pobreza laboral y la desigualdad salarial son los tres conceptos centrales que permiten caracterizar la actual situación del empleo en el Reino de España. Además de este resumen a vuela pluma, nos queremos centrar en dos datos que nos permiten ver, no solo la situación coyuntural del empleo en España, sino también la crónica y estructural problemática del desempleo.
Si estudiamos la evolución del paro en el Reino de España desde 1978, podremos observar que en 26 de 38 años —más de dos tercios de un período equivalente al de la dictadura franquista—, el paro ha superado el 15%, tanto en momentos de bonanza económica como de crisis, con un rango que va desde el máximo histórico (27,2% en 2012) y el mínimo (7% en 1978) y con un promedio de 15,17%. Este simple dato nos permite capturar la magnitud y la profundidad del desempleo crónico y estructural del modelo productivo español, que inclusive en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, el paro no descendió del 7,9% (2007) pese al potente crecimiento económico experimentado la década anterior (1997-2007) del orden de 4,28% de crecimiento promedio interanual.
El segundo dato importante a destacar, es que la medición estándar y oficial de paro —establecida bajo los criterios de la OIT— es manifiestamente insuficiente: por un lado no considera a las personas desanimadas como parados, tampoco cuentan los que no buscan empleo, pero desean trabajar y por otro lado no cuenta «el paro a tiempo parcial o subempleo». Estas críticas sí son consideradas en la estadística oficial de EEUU, el Bureau of Labor Statistics mide 6 tipos distintos de paro, siendo para nuestros intereses los 4 últimos los que reflejan esta crítica. De ese modo podemos tener una tasa de paro (U3) que cuenta a los desanimados (U4), a los que no buscan pero desean trabajar (U5) y a los trabajadores involuntarios de jornada parcial (U6). Quedaría por contar el empleo de la economía sumergida, que reduciría la tasa de paro y a la inversa, los trabajadores autónomos que en realidad quisieran trabajar por cuenta ajena: 7 de cada 10 según un estudio, y los activos salidos del país —inmigrantes retornados o nuevos emigrantes—, que aumentarían nuevamente el paro.
Si tomamos esta forma de  medir el paro con los últimos datos disponibles (T3/2016) podemos observar como la tasa de paro total (U6) está en un 29%, 10 puntos porcentuales más que la actual tasa de paro (18,9%).

Fuente: Florentino Felgueroso a partir de microdatos EPA (2016)
Si tomamos estos datos en la perspectiva de las 4 últimas décadas de democracia, podemos afirmar que, en caso de mantener el deseo socialdemócrata-keynesiano del pleno empleo como objetivo de política económica, en las condiciones actuales de España, además de realizar un necesario cambio en la matriz productiva, es imprescindible el reparto del trabajo remunerado.  O lo que es lo mismo, la reducción de la jornada laboral. Pero es que además se nos aparece un fenómeno en auge: la revolución digital, la robotización y la automatización creciente de los empleos ¿Qué efectos tendrá esto sobre el empleo en España?
La 4ª Revolución Industrial: los efectos esperados de la robotización
En febrero de 2016 la multinacional taiwanesa Foxconn —el mayor fabricante de móviles del mundo, ensamblando para Apple, Samsung, Acer, etc.— anunció que sustituirá al 55% de su plantilla (60.000 empleados) por robots. Según el Bank of America Merrill Lynch (2015) el valor global del mercado de la robótica ascenderá de los 32.000M€ actuales a unos 142.000M€ en 2020. Coches sin conductor, máquinas que ganan campeonatos mundiales de ajedrez y Go, big data, Internet de las cosas, Inteligencia artificial, Impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, digitalización… Al parecer la innovación característica de esta nueva revolución técnica es la Inteligencia artificial, la digitalización, la machine learning y los sensores avanzados (Velázquez y Nof, 2009). Según el Foro Económico Mundial (2016), en su informe The Future of Jobs: «La 4ª Revolución Industrial ya está aquí y, como no espabilemos, su impacto social va a ser mayor que el de todas las anteriores». Y le ponen cifras: a nivel global se destruirán 5,1 millones de puestos de trabajo netos entre 2015 y 2020.
Las visiones futuristas de una sociedad sin trabajo a causa de la robotización del empleo se han vuelto a instalar en el imaginario de muchos —el 52,1% de españoles cree que serán sustituidos por robots— y su repercusión mediática es cada vez mayor. Sin embargo, como todo análisis de prospectiva —es decir, de futurología—, corre muchos riesgos: el futuro es por definición incognoscible y cualquier instrumento de predicción es también por definición simplificador de una realidad compleja e inconmensurable. No por ello es inútil realizar estas predicciones, y de la rigurosidad y honestidad con la que se lleven a cabo estos análisis dependerá la robustez de los resultados en su objetivo fundamental: captar las tendencias futuras. Existen tres grandes corrientes para explicar los efectos de la automatización en el empleo, los tecno-optimistas, los del fin del trabajo y los indecisos. Veamos cómo está el estado del arte:
Los tecno-optimistas comienzan afirmando que el resultado neto entre destrucción de empleo y creación de nuevos empleos de las tres revoluciones industriales pasadas es que al tiempo que creció la productividad creció el empleo (Autor, 2015) ¿Por qué? Si el progreso técnico se traduce en ganancias de productividad, esta es fuente de crecimiento económico dado que libera poder de compra que permite que suba la demanda, y como se sabe, el aumento de la demanda produce oportunidades de empleo. Aunque siempre en los procesos de innovación tecnológica hay «destrucción creativa», se ha demostrado que si unos sectores destruyen empleo y aumentan productividad, otros sectores reciben demanda y aumentan el empleo (Katz y Margo, 2013), aunque, no hay que olvidar que siempre hay un «desplazamiento», donde los empleos creados son muy diferentes a los que desaparecen, y son por lo general más cualificados.
Además, sin estar dentro de los tecno-optimistas, algunos economistas heterodoxos critican también a las otras corrientes que creen que esta vez tendremos una pérdida de empleos neto, desde el marxismo Husson (2016), nos habla del «gran bluff de la robotización», criticando los discursos proféticos de algunos autores, que no hacen más que revivir el viejo canto ludita. Desde los postkeynesianos, Mitchell (2016) crítica también la perspectiva pesimista y consideran que, incluso si esta vez es distinto, el desempleo tecnológico no es una fatalidad en la medida que depende de las políticas públicas, dado que un Estado con un manejo científico de la política monetaria y unas políticas de empleo garantizado podrá conseguir el pleno empleo allí donde se lo proponga —aunque sus ejemplos siempre se refieren a países con niveles de paro mucho menores que el nuestro— . Por último, desde una parte de la economía ecológica, Van den Bergh et al. (2013) remarcan el inseparable vínculo entre el consumo energético y el crecimiento económico, habitualmente olvidado por la economía ortodoxa. Así, el proceso de robotización conllevará un incremento en la demanda energética —es decir, la demanda de combustibles fósiles— y habida cuenta del previsible aumento del coste de la energía, por el agotamiento de la energía barata, podría ocurrir que el trabajo robotizado no fuese rentable.
Desde las filas del fin del trabajo nos aseguran que esta vez es distinto, según la consultora Boston Consulting Group (2015) en The robotics revolution aseguran que «la revolución robótica está lista para llegar». Por primera vez, el retorno de la inversión en robotización será atractivo a gran escala. Se pasará de un 3% de crecimiento anual de la robotización a un 10% durante la próxima década. En algunas industrias llegarán hasta un 40% de robotización.  Se ganará en productividad de manera impresionante y el concepto de competitividad cambiará. ¿Por qué existiendo ya la tecnología no se ha difundido ampliamente? Por pura razón económica: todavía los costes son más altos que los beneficios. Algo que va a cambiar ya: se estima que en EEUU, si ya en la industria automotriz, la automatización es una realidad, donde el salario/hora humano es 24$/h —salario y coste de operación ajustado por precio y rendimiento—, mientras que el de los robots es de 8$/h. En los equipamientos eléctricos para 2018 el ratio $/h será favorable para los robots y en mercado mobiliario se espera para 2023.
También nos encontramos dos de las obras más mediáticas que encabezan esta perspectiva: El fin del trabajo de Jeremy Rifkin (1995) y El auge de los robots de Martin Ford (2016), ambos trabajos dan cifras escalofriantes: están en riesgo 90 de 124 millones de empleos a escala global, el desempleo tecnológico en los países industrializados podría llegar hasta el 75%.  Formarse ya no proporcionará una ventaja competitiva en el mercado laboral dado que la inteligencia artificial reemplazará empleos cualificados, como el robot médico Watson de IBM o el robot financiero Indexa capital. Por el lado más académico, un paper con una repercusión académica y también mediática muy elevada fue The future of employment de Frey y Osborne (2013) que predijeron para EEUU que existe un 47% de empleos en alto riesgo de automatización en las próximas dos décadas. Los empleos más afectados son en transporte y logística, los trabajos administrativos y el sector servicios. Siguiendo la misma metodología que Frey y Osborne, Bowles (2014) en Bruegel estima que a nivel de la UE el riesgo de automatización es aún mayor: el 54% de los empleos, siendo el Reino de España uno de los que más riesgo tiene: el 55,3%. Por su parte, la consultora McKinsey & Company (2013) estima que a nivel global se podría automatizarse hasta el 45% de las tareas.
Los indecisos no asumen ni que esta vez será exactamente como las anteriores revoluciones industriales, dado que esa evidencia histórica es solo una «simple constatación, no una ley de la economía que vaya a aplicarse en cualquier circunstancia», ni que estemos ante el fin del trabajo, criticando a estos autores por cuestiones metodológicas, por ejemplo, se le cuestiona a Frey y Osborne que en lugar de usar las tareas automatizables usaron las ocupaciones, sin tener en cuenta que una ocupación tiene varias tareas, unas más automatizables que otras, dando lugar a que las ocupaciones de los trabajadores más cualificados, pese que algunas tareas sean automatizables, sean muy difíciles de automatizar en su conjunto. Opinan  que, habiendo incertidumbre, hay tendencias observadas que muestran que esta vez se podría producir un gap neto —por lo menos a corto y medio plazo— entre el empleo nuevo creado y el empleo destruido, destruyendo más empleo rutinario y creando menos empleo no-rutinario ¿El resultado? el incremento de la desigualdad. Algo observado empíricamente por Eden y Gaggl (2016) en On the welfare implications of automation:

Fuente: CPS MARCH/ORG (1968/79-2013) & author’s computation
En su estudio se puede observar una tendencia de las 4 últimas décadas en EEUU de disminución de la participación relativa de los ingresos procedentes del trabajo rutinario en el total del PIB a la vez que hay un incremento de la participación de los ingresos del trabajo no-rutinario en el PIB. No obstante, este proceso no ha sido equilibrado, produciéndose un efecto neto de -7% de la aportación del trabajo al PIB, lo que a su vez resulta en un incremento de la desigualdad. Las tendencias futuras parecen que van a reforzar este proceso.
Otros estudios, como el de Brynjolfsson y McAfee (2012; 2014; 2015), nos hablan de una «segunda edad de la máquina», y creen que habrá un impacto sustantivo en las economías. Basándose en la teoría del «skill-biased technical change» (STBC) afirman que habrá ganadores y perdedores porque la innovación técnica ha producido que la demanda de trabajo sobre los trabajadores poco cualificados haya disminuido mientras que aumentó la demanda de trabajadores con alta cualificación. Por su parte, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2016) concluye que si bien la digitalización producirá ganancias de productividad, no se conoce con precisión la repercusión sobre los niveles de empleo, aunque está claro que la tendencia futura será negativa para el mercado laboral y la organización del trabajo. En el contexto español, la consultora Adecco (2016) a través de una encuesta a expertos en RRHH afirma que en el futuro el impacto con mayor influencia en el Reino de España serán los «avances tecnológicos» con 4,8 sobre 5 de promedio, y de esos avances tecnológicos, la «robotización del trabajo» tendrá un impacto sustantivo (3,85 sobre 5 de promedio).
Para terminar, otro informe reciente y que intenta suplir algunas deficiencias de los anteriores: The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries de Arntz, Gregory y Zierahn (2016), utiliza una metodología donde tiene en cuenta la heterogeneidad de las tareas dentro de los trabajos y llega a las siguiente conclusión: de forma moderada si habrá destrucción de empleo neto —no en la escala esperada por los más alarmistas—, aunque de forma desigual según cualificación. Estos dos últimos resultados se cifran: del conjunto de la OCDE, el promedio es que el 9% de los empleos están en alto riesgo de automatización. Para el caso español es más alarmante: estamos junto con Austria y Alemania a la cabeza con un 12%. Y respecto al riesgo de robotización según nivel de educación del trabajador, el siguiente gráfico habla por sí solo:

En definitiva, incluso tomando el dato más prudente, si el 12% de ocupaciones son automatizables en el Reino de España, afectando con más intensidad a los menos formados —agravando la ya grave problemática del atraso crónico educativo y de las elevadas tasas de abandono escolar—, se produciría una profundización del patrón de dualidad, polarización y desempleo crónico  y estructural del mercado de trabajo español.
Entonces, una reducción generalizada de la jornada laboral para su reparto se presenta como una condición necesaria a la par que deseable, si se quiere disminuir el paro en el Reino de España. Hasta hace poco no parecía que se fuera a cumplir aquella famosa predicción de Lord Keynes (1930) de que en 2030, a causa del desarrollo tecnológico, trabajaríamos 15 horas a la semana ¿O sí?  Con los datos de la contabilidad nacional si dividimos el total de horas trabajadas en el Reino de España el 2015 por la población entre 16 y 64 años, el promedio es de 19,96 horas semanales cuando fueron 22,51 el 2008. A este ritmo llegamos a las 15 el 2030… ¿El problema? Estas horas están desigualmente repartidas, mientras unos trabajan remuneradamente 0 horas, otros pueden llegar hasta las 12 horas diarias.
Dejamos para una segunda parte las potencialidades y posibilidades de la reducción de jornada laboral[1].


[1] En un próximo artículo (parte 2) terminaremos analizando la propuesta de la reducción de jornada laboral en el caso español y relatando cuáles son las tendencias de futuro que nos esperan.



es economista. Director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra. Colabora con Iniciatives pel Decreixement, que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario. Es miembro de la Red Renta Básica.



es sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está cursando un Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University y es becario en prácticas en la Dirección de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

divendres, 11 de març del 2016

L’ecosocialisme en la confluència d’esquerres

Article publicat a la revista Treball 
L’ecosocialisme en la confluència d’esquerres
Els canvis que s’estan produint a la política del nostre país tenen tres grans escenaris: el primer és l’ensorrament de les institucions sorgides del pacte de 1978, llastrades per la corrupció i el desmantellament dels serveis públics; el segon és  la incapacitat dels partits de proposar una sortida viable i socialment justa a les complexes dimensions de la crisi; i el tercer és la irrupció dels moviments-partits com Podem i plataformes locals, o les confluències, que han estat capaços de sintetitzar el rebuig i la indignació de la ciutadania, oferint alhora la possibilitat de visualitzar que el canvi ara és possible en tots els àmbits. Aquí rau la clau del seu èxit.
Ara, a al vista del gran èxit de En Comú Podem a les eleccions, hi ha sobre la taula una proposta per crear una nova força política d’esquerres. L’aposta de Podem per ocupar l’espai que històricament havia ocupat la socialdemocràcia (PSC-PSOE) dóna l’oportunitat a l’ecosocialisme de reivindicar el seu propi espai per aconseguir que la societat catalana torni a situar en primera línia els problemes ambientals. Des de fa uns anys les propostes “eco” semblen haver desaparegut de l’escena política, potser degut al pensament de què la crisi obliga a prioritzar els temes socials per sobre d’uns ambientals que ja resoldrem un cop superada la crisi econòmica. Aquesta visió és molt equivocada perquè la crisi social està íntimament lligada a la crisi climàtica i mediambiental. El denominador comú d’ambdues és el model basat en el creixement, el qual, primer, no aconsegueix créixer –per tant és un fracàs en el seu propòsit; segon, augmenta les desigualtats socials com mai s’havia vist; i tercer, amenaça la pròpia existència del l’ésser humà i la de les altres espècies.
El problema climàtic ens obliga a pensar en un futur amb proveïment exclusiu a partir de l’energia solar com durant mil·lennis havien fet les societats humanes. No va ser fins el 1850 que les societats industrials van començar a apropiar-se i consumir el gruix de les reserves energètiques fòssils del subsòl, amb el resultat d’un canvi climàtic i una forta contaminació a les ciutats, amb un nivell d’impacte sense precedents, posant en perill la pròpia espècie humana.
Per altra banda, el model de la II revolució tecnològica s’està esgotant, tant pel que fa a la capacitat de millora dels convertidors com de l’input energètic, els combustibles fòssils. El  rendiment del paquet tecnològic és decreixent i això es palesa en la continua davallada del creixement de la productivitat i del PIB que totes les institucions econòmiques internacionals ara reconeixen. Per incrementar el creixement hem perseverat en una estratègia d’inundació de recursos financers, per aixecar unes noves inversions que acaben alimentant el canvi climàtic, però sense solucionar els problemes. A més, a diferència del que havia passat a Europa, la substitució de treball per capital-energia ha portat a què la creació d’ocupació neta de feina es redueixi a cada nova innovació tecnològica. I cada increment de sou pel que lluiten els treballadores comporta, a causa de la globalització, una acceleració de la substitució de la feina humana per la màquina.  La majoria dels darrers informes publicats arriben a la mateixa conclusió, cada cop hi haurà menys feina retribuïda.
En paral·lel, el fenomen de la  financiarització de l’economia, la pressió del “capital” per desregular comerç i finances, la privatització dels serveis públics i el deteriorament dels sistemes fiscals progressius, ha portat a Europa a un descomunal augment de la desigualtat. No han funcionat les estratègies  de recuperació econòmica que posen les seves esperances únicament en polítiques de demanda i monetàries expansives. Fins avui cap govern social-liberal o conservador ha estat capaç de convèncer de què hi ha una sortida clara de la crisi que no sigui exportar l’atur a fóra del propi país, com és el cas de l’estratègia alemanya fonamentada en una devaluació salarial competitiva. Tampoc des de les files de la vella socialdemocràcia s’ha estat capaç de generar alternatives creïbles.
La crisi  en el model  de construcció de la Unió Europea fa més palès el seu dèficit democràtic i de manca de projecte social. Per això es fan  imprescindibles propostes de redemocratització europea i de cooperació internacional com les de Varoufakis.
Front les no-solucions que hi ha sobre la taula, cal plantejar polítiques que a curt termini ajudin a combatre la desigualtat i l’exclusió del benestar d’una part molt important de la ciutadania, permetent alhora que participin amb dignitat dels processos democràtics i de canvi econòmic.
Les idees principals per fer-ho són acceptar que ecologia i economia són dues cares d’una mateixa entitat i que les solucions per resoldre els problemes d’unes i altres necessiten coherència. Resoldre el problema de l’atur i la precarietat laboral sense caure altre cop en l’error del creixement insostenible obliga a canviar d’estratègies i a incorporar nous concepte: la Renda Bàsica Universal, el repartiment del temps de treball, la sobirania alimentària energètica i una reforma fiscal ecològica, les propostes de l’ecosocialisme per aquest segle XXI.

dilluns, 15 de juny del 2015

Esperando a Godot (II). Por qué hay que ir más allá de 426 euros condicionados

Article publicat a Sin Permiso
Lluís Torrens · · · · ·  
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  No deja de sorprenderme que en el año 2015, después de siete años de profunda crisis, con cinco millones y medio de parados según la estadística oficial, más dos millones y medio de parados adicionales ocultos entre los que han bajado los brazos en su búsqueda de empleo y los que trabajan a tiempo parcial porque no tienen más remedio y los que se han ido fuera del Reino, surja una propuesta tan poco ambiciosa ni movilizadora como dar una renta de 426 euros a todos los parados sin ingresos.
Han pasado 4 años de las movilizaciones del 15-M y mientras la sociedad aplastada por la crisis se ha organizado y ha dado un vuelco espectacular a la situación municipal en el Reino de España (lo nunca visto desde 1931) a los sindicatos mayoritarios y algunos partidos de izquierda se les ocurre que hay que proponer medidas que ellos llaman "realistas", que encajen dentro de lo que el gobierno acepte y, puesto a moderarse, que cuesten poco dinero. La verdad, no veo a millones de personas movilizadas por 426 euros al mes o por un incremento del 1% de los sueldos de los que trabajan.
Para sus promotores podríamos resumir éstas y otras propuestas alineadas en un aparente círculo virtuoso:
a)    Démosles algo a los pobres para que no se mueran de hambre mientras creamos empleo gracias a
b)    subir los sueldos un 1% a los trabajadores fijos (los temporales y autónomos ya se espabilarán con las subcontratas de las empresas que trabajan para las grandes, como desgraciadamente hemos aprendido con Movistar) para que reactiven el consumo de la economía y esta reactivación cree millones de puestos de trabajo que
c)    además repartiremos junto a los existentes trabajando 30 horas semanales pero cobrando lo mismo que a 40 horas porque, claro, todas las empresas se están forrando y pueden incrementar un 33% sus costes laborales sin ningún problema, y por si fuera poco
d)    contrataremos a millones de personas (todas las que quieran trabajar) para que a una media de 6 euros la hora (si lo hiciéramos a un salario digno como pide el consejo de Europa no lo podríamos pagar) puedan hacer todo lo que la sociedad requiere que se haga bueno, bonito y sobre todo barato (limpiar bosques, cuidar ancianos, explicar cuentos a los niños…).
Y todo por el módico precio de 11.000 millones de euros anuales más costes administrativos para la primera medida y de 10.000 millones de euros anuales por millón de empleos  generados para la última medida de la lista (y como no sabemos cuántos millones de empleos se quieren crear, vayan multiplicando hasta acabar con los pobres). De la segunda medida no podemos aventurar el coste, únicamente decir que un 1 % de más sueldo son 5.000 millones de euros más o menos de los cuales unos 1.000 millones se los quedaría el Estado, o sea 4.000 millones de reactivación de los bolsillos de 15 millones de asalariados (unos 20 euros al mes).  De la tercera medida solo cabe pensar en que a nadie le cabe en la cabeza que esto se pague sin compensaciones a las empresas, como así se realizó en Francia con la ley de las 35 horas. Más o menos puede equivaler a 100.000 millones de euros anuales, casi todo lo que recauda la Seguridad Social. Todo combinado, o en parte,  se crea un círculo que más que virtuoso para acabar con la pobreza parece un bucle imposible de financiar que alargará la situación de pobreza durante años. 
No únicamente esto, lo más sorprendente es que medidas como la primera parecen renunciar a todo el acervo de conocimiento desarrollado por décadas de aplicación de las rentas mínimas como son los gravísimos problemas que generan en sus beneficiarios (podríamos más bien llamarles víctimas) de estigmatización (a nadie le gusta declararse ciudadano de tercera categoría), de trampa de la pobreza (deben renunciar a la ayuda si encuentran un trabajo de inferior o similar retribución, lo cual en nuestro actual mercado laboral ya es más que frecuente), de trampa de la precarización (si se renuncia a la ayuda por un trabajo temporal, cuando este se acaba, se pueden tardar meses en recuperar la ayuda, por lo que tampoco interesa aceptar el trabajo, por muy buen ciudadano que uno sea), y lo más grave, la no-cobertura: por la estigmatización, la falta de educación, el desconocimiento, la dificultad de los trámites administrativos, etc. los beneficiarios objetivos de la medida no la solicitan.
Así, un estudio de la EAPN (European Antipoverty Network) recoge en su proyecto EMIN sobre rentas mínimas (donde están representados los sindicatos) que en los países analizados el grado de no-cobertura oscila entre el 20 y el 75%. Dos ejemplos más son paradigmáticos: la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de Gipuzkoa estima que para que su sistema de renta de ingresos alcanzara a todos los que lo necesitan debería crecer un 50% el número de beneficiarios (y esto en el territorio con la segunda mayor renta per cápita del Estado y con el sistema de rentas mínimas más generoso); dos, en Francia están en revisión los sistemas de rentas mínimas activas (RSA y PPE que incluyen incentivos para encontrar trabajo, de similar naturaleza a los que propone Ciudadanos, a los EITC o créditos fiscales que existen en EEUU y en otros países o incluso algún sucedáneo redactado por Podemos) porque se han dado cuenta que el 68% de sus posibles beneficiarios tampoco la solicitaban. Es tan grave el problema que existe en Grenoble un centro de investigación dedicado a lo que en inglés se llama non-takeup y en francés non-Recours, en este centro hablan de las ayudas condicionadas como una carrera de obstáculos que muchos no pueden sortear.  Significativamente en google no hay ni una entrada en español referente a este observatorio, solo una referencia bibliográfica en un documento del SIIS.
Last but not least, hay que recordar que 426 euros de ayuda no sitúan a nadie por encima del umbral del riesgo de la pobreza. Ya puestos se podría haber propuesto alcanzar el umbral situado en los 650 euros mensuales, aunque esto supusiera incrementar el coste a casi 17.000 millones, el 1,6 % del PIB.
En definitiva, mientras esperamos a Godot (que en realidad sí está a la vuelta de la esquina con una propuesta de renta básica en su bolsillo) se nos proponen soluciones que no alcanzan a eliminar la pobreza,  o igual o más costosas que una Renta Básica (a la RB en su versión por unidad familiar le costaría poco más de 20.000 millones de euros, que pagarían los ricos,   eliminar toda la pobreza, y sin descontar los inmensos ahorros en costes sociales -salud, fracaso escolar, seguridad…- derivados de la erradicación de la misma), que generan dinámicas perversas (como el enquistamiento de los pobres en su situación), que no llegan a quien lo necesita ni siquiera en los países que nos llevan décadas o incluso generaciones de ventaja en políticas sociales, y que no tienen ninguna capacidad transformadora. Al contrario, profundizan en un modelo asistencial absolutamente superado en pleno siglo XXI y donde el modelo productivista que da derechos únicamente a través del trabajo remunerado se está agotando.
Qué pena que pudiendo alcanzar el bosque, se nos plante delante un árbol pequeño y enclenque que casi necesita los mismos riegos y abonos que el bosque y solo da un poco de cobijo y menos aún libertad.
Añado una consideración, espero que ni agresiva ni arrogante, que responde a la crítica de que la propuesta de RB en la que yo he participado implica una prohibitiva subida de tipos fiscales efectivos a los asalariados con rentas medias. El 80% de la población sale ganando con la combinación de renta básica y una fiscalidad del IRPF sencilla y transparente que permite calcular los efectos individuales y otro 5% sale perdiendo unas cantidades muy moderadas. Además esta supuesta crítica no tiene en cuenta (y expresamente así lo manifestamos) la increíble estadística que nos muestra el IRPF español en donde un catedrático universitario está en el 5% de los declarantes más ricos, señal del gran fraude existente. Si los ricos pagaran como les toca, el tipo medio bajaría significativamente o se podrían aplicar compensaciones ad-hoc para estas clases medias que ahora están en el top 20 de la pirámide de ingresos.
Además, es una crítica que no tiene en cuenta entre otras el inmenso valor emancipador que tiene una renta básica, la posibilidad de que los jóvenes de se vayan de casa con una asignación de partida para emprender su proyecto vital, o las mujeres dependientes, y que lo puedan hacer en cualquier momento, sin tener que declararse pobres. Cualquier cabeza de familia sería feliz de pagar un poco más a cambio de poder liberar a sus hijos adultos de la obligación de permanecer en el hogar materno o cualquier jubilado de clase media sería feliz de no ver a sus nietos sentados en su mesa cada día porque sus progenitores no tienen recursos para ponerles la mesa en casa.
El mayor valor científico de la propuesta es que permite cuantificar con cierta exactitud el coste de la renta básica (que ni por asomo es el 8 o 9 % del PIB)  y posibilita experimentar diferentes variantes para reducir algunas distorsiones que obviamente un modelo tan general puede provocar en situaciones personales o familiares específicas. Renta básica por unidad familiar, substituir el tipo único por varios tramos crecientes para incentivar el trabajo estacional o a tiempo parcial voluntario, mantener una imposición diferencial de las rentas del capital deslocalizable, substituir parte de la financiación necesaria mediante IRPF con otros ingresos fiscales (ambientales, sobre la riqueza, sobre la renta de las sociedades, e incluso sobre el IVA de manera progresiva) son alternativas factibles, que permiten disipar espero que definitivamente estos recelos. Es más, algunas de estas alternativas, como incrementar la imposición indirecta, sólo tienen sentido y son progresistas en un marco de renta básica que permitan compensar el incremento del coste de la vida derivado.
Y por favor, que no nos acusen de que una renta básica desincentiva encontrar empleo: es un insulto para la mayoría de la población que, sea consecuencia de nuestra moral judeocristiana o no, valora el trabajo como una necesidad de aportación al bien común y realización personal. Lo que permite  la renta básica es poner en valor y legitimar a los (sobre todo "las") que aportan otros tipos de trabajo, no solo los que pasan por una nómina o una factura. Ni siquiera las personas con la vida solucionada a gran escala (millonarios)  son capaces de dejar de trabajar.
Discrepo absolutamente en que un gasto de entre 15.000 y 35.000 millones sea incompatible con un programa de estabilidad presupuestaria. Lo que deberíamos abandonar de una vez por todas es este síndrome de Estocolmo de que nuestra presión fiscal debe estar 8 puntos por debajo de la media europea (y aún más inferior si nos comparamos solo con los países con sistemas de pensiones plenamente públicos). Nadie en la Unión Europea, ni el FMI, ni el BCE ni la OCDE nos exige que estemos en inferioridad de ingresos respecto a nuestros vecinos. Lo que nos exigen es equilibrio presupuestario y nos sugieren vías para hacerlo, sea incrementando los ingresos, sea recortando si somos incapaces de hacer lo primero. Decir que un 1,1 o un 1,5% del PIB sí es asumible como mayor gasto en lugar de un 2% o un 3% es admitir la derrota ante la visión neoliberal y ser un colaborador necesario en el objetivo de convertirnos en una sociedad low-cost.
Para acabar, estos próximos días el nuevo gobierno municipal de Barcelona va a iniciar probablemente un estudio riguroso para evaluar el coste de la implementación de una renta municipal, una de sus propuestas electorales, que complemente los ingresos de las personas pobres de la ciudad hasta alcanzar el umbral de riesgo de pobreza, siguiendo el esquema clásico de una renta mínima condicionada. Y ya el gran problema empieza por saber cuántos pobres en ingresos hay o si tienen medios alternativos de subsistencia (riqueza financiera o inmobiliaria). Me duele la cabeza de pensar el entramado administrativo-burocrático-fiscalizador que van a tener que crear en el ayuntamiento, dedicando recursos humanos ingentes a hacer de policías de la pobreza (a evitar el fraude de los pobres, que es un pobre fraude comparado con el de los ricos), y cuando el personal de servicios sociales debería estar dedicado a ayudar a las personas a salir de la exclusión, a mejorar su empleabilidad o a simplemente hacerles la vida más digna.
Y me duele el alma de pensar en cuántas personas pueden no llegar a ser beneficiarias de este programa o de la estigmatización que sufrirán (directa o indirecta) y sobre todo pensar que con una renta básica todo sería infinitamente más fácil, más digno y creando una sociedad más justa pero también económica y ecológicamente más eficiente y sostenible.
(Una versión más reducida de este artículo ha sido publicada en http://www.espacio-publico.com/)

Lluís Torrens es economista, profesor asociado de la Escuela Superior de Negocios Internacionales-Universitat Pompeu Fabra, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE. Colabora con
iniciatives pel decreixement que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario.


dimecres, 4 de febrer del 2015

Ecosocialisme del segle XXI: repartiment del treball i renda bàsica universal

Article publicat a la revista Treball

Placas_SolaresL’Anàlisi
Des de mitjans dels anys 90, quan ICV es va declarar ecosocialista,  hi ha hagut molts canvis en el món i en concret en l’àmbit espanyol i català. La realitat socioeconòmica ha canviat i, en conseqüència, les propostes de transformació del sistema també han de canviar.
La situació actual ens dibuixa un panorama molt difícil per a les classes populars: una taxa d’atur del 23,7% que no és exclusivament fruit de la crisi actual ni de les reformes laborals del PP, PSOE i CiU, sinó que és  estructural: des del 1978 fins el 2014, l’atur ha estat durant 24 anys per sobre del 15%. En la majoria de països de l’OCDE cap any.
Segons Càritas i el INE hi ha uns cinc milions de persones en exclusió severa i més de 700.000 llars on no entra cap euro. La desigualtat creix de manera paorosa i el miratge de la creació de llocs de treball es fa a base de la precarització de joves i dones.
La degradació del planeta, l’acabament de les fonts fòssils d’energia i l’automatització que arriba fins als llocs de treball qualificats eliminen les esperances d’un desenvolupament generador de grans quantitats de llocs de treball i compatible amb els límits planetaris.
Les escasses polítiques d’ocupació actuals només milloren l’ocupabilitat del més preparats i l’exèrcit de reserva d’aturats facilita salaris i condicions laborals a la baixa tot reforçant el model productiu “low cost”. I amb l’exhauriment de la solidaritat intergeneracional d’avis i pares a fills i nets, s’incrementarà el nombre de persones pobres, sense oportunitats i estigmatitzats.
Diagnosticada correctament la realitat cal, des de l’esquerra ecosocialista, plantejar canvis radicals, no pas cures pal·liatives que només serveixen per dissimular les ferides del sistema. Per això, davant la manca de treball estructural i l’augment exponencial de la pobresa cal abordar la Reducció del Temps de Treball (RTT) i la instauració d’una Renda Bàsica Universal (RBU). Ambdues s’han de gestionar  tenint en compte la necessària estacionalitat del cicle econòmic, tot admetent que no podem créixer globalment encara que sí en sectors concrets com el mediambiental i l’estat del benestar.
La proposta

En relació a la RTT, cal tenir en compte dues premisses importants: no tothom pot assumir-la ni es pot aplicar en tots els sectors; i caldrà combinar aquest repartiment amb la creació de llocs de treball a temps complet i a parcial.
Amb dades de la Fundación Biodiversidad, es podrien crear 600.000 llocs de treball en el sector del medi ambient (eficiència energètica, producció d’energia renovable, mobilitat sostenible, producció ecològica, etc.), que permetrien una transició cap un model de molt menor consum de recursos. Aquests llocs de treball es podrien pagar, en gran part, amb l’estalvi energètic.
I si fem un esforç fiscal per a convergir amb Europa en llocs de treball en educació, salut, cura d’infants i gent gran i en R+D,podrem crear com a màxim, sumats als de l’economia verda i l’efecte multiplicador, un total de 2 milions de llocs de treball a mig termini.
Però encara quedarien  milions de persones sense feina, el gruix principal dels aturats. Per aquests s’hauria de repartir el temps de treball, sense incrementar els costos per a les empreses, per no perjudicar la posició competitiva del país i perquè la realitat mostra que la majoria d’empreses no podrien assumir aquesta càrrega addicional.
Aquesta RTT ha d’anar necessàriament acompanyada de l’aplicació d’una RBU incondicionada, equivalent al llindar de la pobresa. La RBU es finançarà amb una fiscalitat basada en un nou IRPF que gravi totes les rendes a un tipus únic o progressiu. També ajudaran al seu finançament els estalvis prestacions d’atur, subsidis socials i pensions que estiguin per sota de la RBU. L’aplicació de la RBU no substitueix la despesa pública destinada a la salut, l’educació i els serveis a les persones.
La RTT més la RBU suposarà que la gran majoria de treballadors vegi incrementat els seus ingressos, tot disminuint alhora el temps de treball. La reducció farà possible la millor distribució entre gèneres del treball reproductiu i del temps de lleure.
Les forces polítiques d’esquerres estem obligades a fer propostes engrescadores que superin la realitat que el sistema capitalista ens imposa. Deixem d’escoltar els cants de sirena que diuen que no hi ha alternativa, que la proposta presentada és impossible, que els sindicats no ho acceptaran. Pensem que una proposta de l’esquerra radical no pot ser complaent amb el sistema obsolet de la socialdemocràcia. Com a força transformadora hem de ser valents i presentar una proposta revolucionària que signifiqui que els homes i dones del present i del futur puguin viure amb dignitat.
Per a l’ecosocialisme del segle XXI i per a les classes populars, la combinació d’una proposta de Repartiment del Temps de Treball i l’aplicació d’una Renda Bàsica Universal són indispensables en la lluita per una societat igualitària.